Mientras comerciantes, pequeños empresarios de hostelería, trabajadores, se ven con gravísimos problemas económicos, debido a las medidas de restricción de horarios y cierres impuestos por las Comunidades y el Gobierno, que les impide ganarse el pan honradamente; los que dictan esas ordenes y sus supuestos asesores, cobran su buenos salarios públicos puntualmente y se permiten tomar medidas sobre la vida, la libertad y la hacienda de los demás, con el aplauso de unos medios de comunicación generalmente cómplices.
Si, cobran tranquilamente, aumentando mes tras mes la deuda pública de España, que es de todos, dejando el país endeudado para décadas.
Estoy seguro, reconozco que no deja de ser una opinión personal, pero basada en el sentido común, que si la economía estuviera abierta, el desarrollo de la pandemia no sería peor y se hubieran tomado decisiones mucho más ecuánimes como piden reiteradamente científicos de primera línea (premios Nobel incluidos) y que no sólo no se escuchan, sino que se impide que se conozcan por parte de la gran mayoría de la población, lo que no deja de ser gravísimo.
Me supongo que involuntariamente, quiero pensar, se esta cometiendo una masacre social, condenando a millones de personas a la pobreza y haciendo desaparecer a miles y miles de empresas.
Propongo que por cada decisión que suponga quitar derechos y libertades, se reduzca en un diez por ciento el salario de estos políticos, asesores y funcionarios que toman tales medidas, que así padezcan en sus propias “carnes” el sufrimiento al que están sometiendo a la sociedad injustamente. Estoy seguro que pronto las medias tan drásticas y absurdas desaparecían.