El indulto a su hijo Hunter Biden y al Doctor Fauci, este de forma preventiva, minutos antes de dejar la Casa Blanca, deja bien a las clara, la catadura moral de Joe Biden.

Su hijo indultado de varios delitos graves, y el Dr, Fauci, porque ante las lamentables e injustas decisiones, tomadas, durante la pandemia de COVID 19, las contradicciones y mentiras vertidas, en algunas declaraciones, del máximo responsable médico de Estados Unidos, durante la pandemia, amenazaban que tras una investigación judicial, pudiera ser condenado por graves delitos.

Joe Biden, ha sido un mal Presidente de los Estados Unidos, no sólo por su cobardía y entrega al “wokismo”, que tanto daño ha hecho a la sociedad norteamericana, sino porque realmente ha sido un Presidente “Fake”, al no estar en condiciones mentales para dirigir la primera potencia mundial.

A poco que se vayan conociendo nuevas informaciones, sobre su mandato, nos daremos cuenta, del daño que ha hecho no sólo a su país, sino al mundo entero. 

Al tiempo. 

 

 

 

 

Magnífica reflexión, sobre el bien común, de uno de los sabios de este siglo en España, como es D. Fernando del Pino-Calvo Sotelo, en un momento de profunda crisis de valores.

FERNANDO DEL PINO-CALVO SOTELO 

Decía Peter Kreeft que una sociedad buena es aquella en la que es fácil ser bueno. En este sentido, ¿es buena nuestra sociedad? Y ¿de qué depende su bondad? El concepto esencial para responder a esta pregunta es el bien común, un concepto tan relevante que explica en gran medida el destino de las sociedades, el bienestar y felicidad (siempre relativa) de sus ciudadanos y su desarrollo material, intelectual, emocional y espiritual. Por lo tanto, el bien común tiene una importancia trascendental, a pesar de lo cual es raro que se mencione y aún más raro que se comprenda.

Definamos el bien común

Utilizando la vía negativa, conviene aclarar en primer lugar lo que el bien común no es. El bien común no es la suma de los bienes de los miembros de una sociedad, ni se refiere a los bienes de titularidad pública, a la existencia de servicios públicos o a algún tipo de colectivismo o redistribución de la riqueza. Esto no quiere decir que el bien común no trate estas cuestiones materiales y económicas, sino que alcanza un significado humano mucho más amplio y profundo. El bien común tampoco es un juego de suma cero ni se opone al bien privado; no es excluible, sino que beneficia a todos.

¿Qué es entonces? Su definición más precisa es la siguiente: El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección[1]. En otras palabras, el bien común hace referencia a la creación y mantenimiento de un marco institucional, político, social, jurídico y económico y, ante todo, de un êthos o moral compartida que facilite la consecución de una plenitud de vida, de una realización trascendente y holística de cada individuo y, en consecuencia, del logro parcial de la felicidad que todos anhelamos[2].

El bien común crea un marco de actuación y un caldo de cultivo, pero no ofrece un resultado predeterminado. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente. Hace posible que las personas puedan florecer, pero no lo garantiza, pues todo dependerá siempre del más elevado atributo del ser humano: su libertad. Como dijo el Sabio hace 2.200 años: «Al principio Dios creó al hombre y lo dejó en poder de su libre albedrío. Él ha puesto delante fuego y agua: extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera»[3]. En otras palabras, el bien común es la tierra buena que permite germinar al hombre, pero, en última instancia, éste, como sujeto autónomo de decisión moral, «dueño de su destino y capitán de su alma»[4], será siempre el responsable último de dar fruto. En el ser humano, libertad, responsabilidad y dignidad son inseparables.

De todo ello se desprende que el concepto de bien común se aleja de cualquier idea de igualitarismo, pues el desarrollo pleno de cada individuo es siempre relativo y su fruto dependerá de sus capacidades intelectuales, morales y emocionales, que varían de individuo en individuo y dan resultados diferentes que son justos precisamente por ser diferentes.

La defensa de la vida y de la familia

El primer elemento del bien común es el respeto a los derechos y libertades fundamentales del individuo, comenzando por el derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural. El bien común exige, por tanto, una cultura que ensalce y defienda la vida a toda costa, una sociedad en la que prevalezca el respeto absoluto a la vida como un don que no depende de la voluntad y del deseo de nadie. En este sentido, la triste y gris Cultura de la Muerte que ha impregnado nuestras sociedades, que no sólo normaliza el horror del aborto y la eutanasia, sino que los identifica con el progreso, no indica civilización sino barbarie, y retrata una sociedad enferma y, en cierto sentido, grotesca, pues nada hay más ridículo que creerse lo contrario de lo que uno es.

El bien común exige la defensa de la familia como pilar básico de la sociedad de modo que el niño tenga la posibilidad de crecer en un ambiente familiar estable con su padre (cromosoma XY) y su madre (cromosoma XX). Es, por tanto, contrario al bien común fomentar el divorcio como hace en España la ley del divorcio exprés (PSOE-PP), que eliminó prácticas dilatorias que proporcionaban al matrimonio tiempo para discernir la decisión que estaba a punto de tomar. Una política favorable al bien común sería la opuesta: ayudar a los matrimonios a evitar, en la medida de lo humanamente posible, un paso que no tiene vuelta atrás. También es contrario al bien común (y a la verdad) el silenciamiento cultural ―por ejemplo, cinematográfico― del sufrimiento que supone para la mayor parte de sus protagonistas, en especial para los hijos.

La defensa de la libertad

Otro componente imprescindible del bien común es el respeto a la libertad individual. La libertad es el oxígeno del alma, sin el cual ésta se marchita. En este sentido, resulta inquietante la paulatina represión de libertades personales que hemos sufrido en las últimas décadas en esta Europa secuestrada por una UE crecientemente oscura.

El caso de España desde 1975 es especialmente paradójico. Nadie imaginó que el precio de obtener una muy restringida libertad política, basada en poco más que un ritual de voto bastante inútil realizado un día cada cuatro años, era perder enormes grados de libertad personal, robada por la opresión burocrática y el magno latrocinio impositivo de ese Estado semi totalitario llamado Estado de Bienestar. Así, el español medio paga hoy el doble de impuestos que pagaba en 1974 y encima soporta un número de prohibiciones y a una exigencia cotidiana de permisos administrativos muy superior al de hace medio siglo. Hemos pasado de una dictadura a otra, mucho más hipócrita.

¿Y qué decir de la libertad de pensamiento y de expresión, perseguidas en plena «democracia» por la tiranía de la corrección política y la censura más impudorosa? ¿Y qué decir de la libertad religiosa, especialmente del cristianismo, perseguido e injuriado por bufones que jamás se atreverían a hacer lo mismo con otras religiones?

El progreso económico como bien común

El bien común también exige un sistema económico que fomente la creación de riqueza. Afortunadamente, no hay que inventarlo, por ser bien conocido: la economía de mercado, enmarcada en un entorno de seguridad jurídica, con un Estado pequeño y, sobre todo, desde el respeto a la propiedad privada, condición sine qua non para el progreso económico y «principio fundamental que ha de considerarse inviolable»[5].

El estatismo, la inseguridad jurídica y los impuestos son enemigos de la propiedad privada. Así, resulta axiomático que una sociedad sin seguridad jurídica y con impuestos altos típicos de nuestros Estados-vampiro, o en la que los okupas gozan de mayores derechos que los legítimos dueños de las viviendas, será más pobre, inestable e injusta que una sociedad con seguridad jurídica, impuestos bajos y clara protección del derecho a la propiedad.

Dicho eso, un sistema adecuado es una condición necesaria pero no suficiente para el progreso económico, que siempre dependerá en última instancia de la actuación del individuo. Ningún sistema o estructura social puede resolver el problema de la pobreza como por arte de magia sin una «constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio; cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho»[6].

Del mismo modo, una sociedad en la que las normas se multiplican como células cancerosas y pueden ser interpretadas arbitrariamente, una sociedad en la que se aprueban constantemente leyes inicuas y siempre cambiantes, fruto del capricho de una mayoría que sólo busca perpetuarse en el poder, es contraria al bien común. En el mismo sentido, una sociedad en la que los máximos órganos jurisdiccionales están politizados y caen en la más abyecta prevaricación no puede ser una sociedad buena, al contrario que una sociedad regida por leyes justas basadas en principios inmutables, en normas consuetudinarias, en la Ley Natural y en el sentido común, y con una Justicia independiente.

El bien común exige que aquellos que se vean imposibilitados para salir adelante por sus propios medios sean cuidados por la comunidad y no abandonados a su suerte, pues una sociedad que no protege a sus miembros más débiles no puede denominarse buena. Sin embargo, cuidar de esa pequeña minoría que no puede cuidarse a sí misma nada tiene que ver con la trampa del Estado de Bienestar[7], cuyo férreo manto «protector» (una prisión encubierta) cubre innecesariamente a toda la población con el único objetivo de controlarla, es decir, como coartada para lograr un Estado de Servidumbre. Como pudimos comprobar con la DANA de Valencia, la comunidad puede voluntaria y espontáneamente cuidar de sus miembros con mucha mayor agilidad y eficacia que un Estado anquilosado controlado por intereses mezquinos.

Pero lo más perverso del Estado de Bienestar es que hace creer al común de los ciudadanos que nunca podrá valerse por sí mismo, sino que siempre necesitará al Estado, una creencia falsa y denigratoria que se opone frontalmente tanto al bien común como al principio de subsidiariedad que debe regir toda sociedad[8].

El respeto a la verdad y a la palabra dada

Como nos recuerda Thomas Woods, «todos los países que han sido económicamente exitosos poseían derechos de propiedad robustos y una clara exigencia de cumplimiento de los derechos contractuales»[9]. Diciendo lo mismo con otras palabras, Richard Maybury basa el éxito de una sociedad en dos principios: no violes los derechos y propiedades de los demás y cumple lo que has acordado.

El bien común, por tanto, también exige cumplir las promesas, los contratos y, en definitiva, la palabra dada, partiendo de las promesas personales. Una sociedad que respeta un apretón de manos y no requiere la firma de un complejo contrato para cada pequeña acción es una sociedad buena y eficiente, pues sin un mínimo de confianza toda sociedad se convierte en inoperativa: a veces el comprador paga por adelantado y otras el proveedor entrega su producto sin haber cobrado, y en ambos casos subyace una confianza en que la otra parte cumplirá lo debido, la misma que tiene el prestamista en el prestatario.

En la política también resulta clave poder confiar en las promesas electorales a cambio de las cuales el ciudadano entrega su voto, esto es, su soberanía política. Resulta obvio que en nuestras pervertidas democracias esto es una quimera, lo que debilita enormemente el bien común.

Asimismo, el bien común exigiría que los medios de comunicación tuvieran cierto apego a la verdad, pero desgraciadamente éstos están hoy entregados a la propaganda, a la defensa de intereses espurios y a la mentira.

Respetar la palabra dada es respetar la verdad, pero ¿qué lugar reservamos para la verdad en nuestra sociedad de hoy? La pregunta no es si se miente más o menos que antes, sino si la mentira está socialmente estigmatizada o normalizada. Éste no es un tema baladí, pues de la institucionalización de la mentira surge un cinismo crónico que es como un veneno de efecto lento que va pudriendo la sociedad por dentro.

La exigencia de la paz

En último término, el bien común exige que haya paz, entendida no sólo como ausencia de enfrentamiento bélico, sino en sentido amplio. La paz exige que el debate político esté acotado en fondo y forma dentro de un marco de convivencia y de unas reglas respetadas por todos. En este sentido, el bien común exige la existencia de un diálogo tolerante y respetuoso desde el respeto a la verdad, pues la verdad siempre tiene prioridad sobre el consenso.

En este aspecto es posible que nos encontremos ante un problema sistémico. En efecto, la democracia deriva por su propia naturaleza en la polarización social, pues los políticos excitan las pasiones de los votantes, incitando al miedo al adversario y arrastrando a la ciudadanía a un ambiente de intolerancia e ira crecientes.

Pero la paz incluye también la paz en los hogares, obstaculizada por la permanente lucha de sexos en la que hoy nos han sumergido. Este fenómeno, introducido por la agenda globalista como destructor de familias y sustituto de la lucha de clases, ha permeado peligrosamente en gran parte de la sociedad y es uno de los grandes enemigos de la paz familiar y, por tanto, del bien común.

Finalmente, la paz requiere de un esfuerzo por alcanzar la paz interior, tantas veces esquiva, pero aún más difícil de lograr en una sociedad relativista, hedonista y nihilista que vive de espaldas a la realidad última de esa criatura llamada hombre; una sociedad sin Dios y sin rumbo, pues carece de la brújula del bien y del mal, desesperanzada y triste, a pesar de sus falsas apariencias, una sociedad, en fin, que, engañada por quienes sólo desean dominarla, escarba en la basura creyendo que allí encontrará los manjares que la dejarán ahíta.

Querido lector: el bien común se apoya en el derecho y la libertad, en el orden y la justicia, en la familia y la propiedad privada, en la verdad y la paz. No creo que la sociedad española reúna hoy estas condiciones, pero si queremos mejorarla, éste es el camino, y no otro.

Como si fuera una especie de “dictador, el Presidente del Gobierno, ha concluido con sólo el diez por ciento de las  acciones de Telefónica en manos de la SEPI, su “asalto” a uno de los “tesoros” de nuestras grandes, empresas, Telefónica.

La maniobra incalificable de hace unos pocos meses, de comprar con el dinero que no tenemos, de todos los españoles, adquiriendo por casi tres millones de euros el diez por ciento de este buque insignia de las comunicaciones, ha concluido con el objetivo cumplido : adueñarse con sólo el diez por ciento del capital y la colaboración vergonzosa del paquete de acciones de La Caixa, con el control de la sociedad.

Mientras, el sesenta por ciento del capital, claramente la mayoría de los pequeños y medianos accionistas, han sido burlados y no han sido consultados.

Todo un proceso más propio de un país totalitario, en el que en un fin de semana, para evitar capacidad de reacción, se llama al hasta entonces Presidente de Telefónica, Álvarez Pallete al Palacio de la Moncloa, para que en presencia de un representante de Criteria Caixa, pedirle que dimitiera y convocar así, e apenas veinticuatro horas, un Consejo de Administración de la sociedad para nombrar a su sustituto, Marc Murtra, un hombre muy cercano al PSC y de confianza total del Gobierno.

Ante está desvergüenza, los españoles nos quedamos contemplando, como con nuestro dinero o con nuestra deuda, unos señores minoritarios, se hacen con el control de una gran empresas, usurpando, no sólo todo control democrático, sino societario, porque el sesenta por ciento del capital, la inmensa mayoría no ha podido opinar ni aprobar tal intervención.

Es una prueba evidente, de un intento ya sin freno, de convertir a España en una democracia de apariencia, pero totalmente alejada de cualquier control social, en definitiva, un régimen de control con muy preocupantes “tintes” totalitarios.

El principal partido de España, el PP y por supuesto Vox, deben de tomar medidas especiales, democráticas, pero nunca vistas hasta ahora, para dar respuesta a la deriva de un personaje, que realmente amenaza a nuestras libertades y que sin duda supone un riesgo político, para el mantenimiento de una democracia digna de tal nombre. 

En cualquier faceta de la vida, es fundamental la ética, la moral y por supuesto la bondad.

Estas cuestiones, no sólo son buenas en si para las personas que las ponen en práctica, o al menos lo intentan cada día, aún con su defectos, sino para todas las personas de su entorno social.

Si esto es importante en cualquier actividad, profesión con mucho más motivo, debiera de ser un imperativo en el desarrollo de cualquier representación política.

Un político, sin estas premisas o condiciones, es una rémora para sus conciudadanos, porque al carecer de valores, siempre antepondrá cualquier interés personal o de grupo, que el beneficio de la sociedad.

No se puede ser un buen político, siendo una mala persona, dispuesta a mentir, difamar, engañar, aprovecharse del cargo; en definitiva, a no tener líneas rojas en su conducta, a la hora de aplicar políticas o criterios.

Desgraciadamente, hoy en el mundo y por supuesto en España, tenemos demasiados políticos “malas personas” a tenor de sus conductas, sin por ello, querer entrar en lo inviolable de sus conciencias.

Una cosa, es el error humano y otra, el desarrollar la actividad política con un único objetivo de poder personal o de grupo, sin respetar opiniones ajenas y tomando decisiones injustas, perjudiciales para una gran parte de la sociedad.

Sin embargo, el político impregnado de valores, siempre intentará hacer las cosas bien, lo que en modo alguno significa que sea perfecto, pero si que está dispuesto a valorar el beneficio o el daño que pueda hacer con sus decisiones.

En definitiva, sin tener respeto a sus semejantes, sin querer lo mejor para todos, es imposible ser buen político y por lo tanto socialmente sus actos serán generalmente dañinos. 

En España, tenemos un Gobierno, sitiado, por supuestos casos de corrupción, algunos, parecen de gran alcance, sitiado, por falta de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del estado, sitiado, porque muchos de sus decretos, no llegan a buen fin por falta de  mayorías que les apoyen, sitiado, internacionalmente, donde su descrédito va en aumento y sitiado por su propia incompetencia y falta de verdad.

Es como un casco de barco a la deriva, en medio de continuas tormentas.

Esta situación sin embargo, es muy peligrosa, sobre todo para los ciudadanos y el futuro de la democracia, ya que vemos en plena  descomposición política, hay Ministros, dispuestos a llegar a insultar a un jefe de gabinete de una Presidenta de Comunidad, lo que es realmente intolerable, además de una muestra de desesperación, de un Ministro como Oscar López, que ha demostrado su catadura moral, al realizar un ataque personal a Miguel Ángel Rodríguez.

La política en España, se está convirtiendo es una especie de “ciénaga”, sobre todo por parte del Gobierno, que debiera de ser el que mostrara más sensatez y sentido común.

El Partido Popular, no puede en estos momentos acordar nada con el Gobierno, porque sería avalar y dar credibilidad a unos gobernantes dispuestos aparentemente a cualquier cosa, con tal de seguir en el poder.

Es urgente, hacer un llamamiento a las personas de bien, para que la sociedad se de cuenta de una vez por todas, de la gravedad de la situación.

La oposición no puede seguir haciendo una oposición “clásica”, porque no tenemos un Gobierno que respete a la ciudadanía como se está comprobando, no le importa incluso no poder gobernar, sino sólo gozar de los beneficios de sus cargos.

 

Si queremos preservar la democracia, el estado de derecho, debemos desde la sociedad civil. desde las organizaciones profesionales, y por supuesto desde los partidos de la oposición, poner todos los medios necesarios jurídicos y políticos para impedir, que pueda aprobarse la ley presentada por el  partido Socialista, para dejar desactivada de facto, lo que conocemos como acusación popular, lo que en realidad, serviría para archivar supuestos casos delictivos, que ahora afectan a personas cercanas al Presidente del Gobierno.

En el fondo, es una ley “ad hoc” para mantener al Gobierno impune ante cualquier ilegalidad denunciada en los medios de comunicación.

Si en España, nuestra Fiscalía no dependiera del Gobierno y fuera totalmente independiente, no sería tan importante mantener esta norma que permite la acusación popular, sin embargo, dada las situaciones que se están viendo por parte de la Fiscalía General del Estado en la actualidad; al pueblo, al ciudadano indefenso no le queda otra defensa de sus intereses generales, que las acusaciones populares por parte de diferentes asociaciones, que en un gran trabajo velan por los derechos  individuales e impiden abusos al poder de turno. Es urgente explicar a los ciudadanos, que sus libertades y derechos pueden estar en peligro, si este proyecto de ley es aprobado, porque en realidad, cualquier escándalo que pueda surgir en algunos de los poderes del Estado, estaría sujeto a que la Fiscalía tomará una decisión al respecto y eso es un riesgo hoy por hoy inasumible para nuestro sistema democrático.

No debemos parar ante este ataque a la democracia, a través de la impunidad del poder. 

Es un ejemplo claro, de la desvergüenza, falta de empatía y corazón, una calificación personal, que les dejo a su gusto.

Me refiero, a la forma de actuar del Gobierno de España en relación con Venezuela.

Unas elecciones ganadas de forma clara y contundente, como se ha demostrado por parte de la oposición liderada por Edmundo González y un Gobierno de España, que busca escusas para no reconocer su victoria y apoyar a la oposición.

Sin embargo, lejos de ello, acaba de enviar un Embajador de la cuerda de Rodríguez Zapatero, sin experiencia diplomática que hace pocos días presentó sus cartas credenciales al sátrapa Nicolás Maduro.

Vemos con Edmundo González, ha sido reconocido como nuevo presidente por el Gobierno de  Argentina, donde acaba de ser recibido por una gran multitud, también por Uruguay y parece ser viajará a República Dominicana y Washington, donde también serán recibidos por altos cargos del Gobierno  de Biden.

¿Cómo es posible que el Gobierno de España, apoye a una régimen criminal como el de Maduro por acción u omisión?.

Un régimen atroz, que somete en la cárcel de “El Helicoide”, un antiguo centro comercial, a los detenidos políticos de la oposición a todo tipo de torturas, donde les hacen perder la moción del tiempo. 

Se somete a torturas físicas y psíquicas. Según múltiples testimonios, los vigilantes cargan sus armas, las desbloquean y la ponen en la cara de alguno de los detenidos, también ponen insecticidas en bolsas de plásticos para asfixiar.

El método más atroz, es el llamado “cucarachero”, en el que a los detenidos se les cierra en un cuarto lleno de cucarachas, amarrados de pies y manos y las cucarachas se pasean por el cuerpo del detenido.

El Gobierno de España, por acción u omisión, mira hacia otro lado y habría que pedir cuentas de los motivos de esta forma de proceder y llevar ante la justicia si fuera necesario a los dirigentes que nos hablan todo el día de la extrema derecha imaginaria, cuando el terror ya sabemos  donde se encuentra.

Da realmente asco, tanta degradación moral y ética.

El día en que Pedro Sánchez, salga del Gobierno de España, nos habrá dejado una España mas dividida, más enfrentada, más pobre, y más endeudada.

Nos dejará una España, en la que el mentir parezca normal e incluso bueno y en la que la televisión pública, que debiera de ser de todos y plural, se dedica a faltar el respeto y ofender a los sentimientos más profundos de los católicos, como acabamos de conocer en el programa de las campanadas de de fin de año.

La herencia que nos dejará el actual Gobierno, será también el de unas instituciones desprestigiadas, empezando por el Tribunal Constitucional, y siguiendo por la Fiscalía General del Estado y otras sometidas al capricho del Gobierno.

Los españoles de bien, no podemos mirar hacía otro lado, es la hora de actuar y exigir a Partido Popular y Vox que se pongan de acuerdo y que establezcan una estrategia común, para impedir que este país entre en un crisis de proporciones desconocidas en los últimos cuarenta años.

Hay que recuperar la concordia, las leyes, reformar aquellas instituciones que han quedado dañadas y mostrar a la sociedad que así no podemos seguir.

Sólo desde la recuperación de valores, este país tiene viabilidad, porque de seguir en manos de personajes sin escrúpulos ni respeto a la pluralidad y al sentido común, antes que tarde, la sociedad acabará descompuesta y sin ilusión por la prosperidad y la libertad.

Es necesario que este Gobierno, empapado de prejuicios y de ideologías que son una “antigualla”, se marche de forma urgente para abordar una situación de recuperación moral y social.

Iniciamos el año 2.025 y todo parece seguirá igual en materia de cuentas públicas en nuestro país.

El Gobierno de Pedro Sánchez, pese a ser el más recaudador, nos seguirá endeudando de forma muy peligrosa para el bienestar de los españoles.

La deuda pública de España, aumenta diariamente unos 164 millones de euros y para que se hagan una idea, los gastos desde el 30 de noviembre se abordan con más deuda.

Si España, fuera nuestra propia casa, estaríamos endeudados y no podríamos abordar nuestras necesidades, España lo aborda, gracias a la garantía de momento del Banco Central Europeo, que hasta ahora nos ha comprado la deuda y en los últimos meses, cada vez en menor cuantía, por lo que las emisiones han sido cubiertas con alta demanda por inversores privados.

La situación no es sostenible en el tiempo, por eso pienso que España, necesita un dirigente o una dirigente que en parte haga como ha hecho Milei, el Presidente Argentino, cortar radicalmente el gasto innecesario, que según algunos expertos puede llegar a los sesenta mil millones de euros.

No se trata, de gastar menos en sanidad o en educación, sino quitar miles de millones de gastos en “chiriguintos”, empresas públicas sin función y subvenciones a otros países, sin control alguno.

En realidad, se trata de racionalizar el gasto, quitar Ministerios, bloquear durante algunos años la entrada de nuevos funcionarios, mediante una redistribución de los mismos, para que aquellos departamentos que los necesiten puedan ser bien atendidos y donde sobren redistribuirlos.

Un proceso, que si se hace pronto, será más fácil de hacer que si se hace tarde, pues de lo contrario, sería muy doloroso.

España, necesita una “lider” o una “líder”, que este dispuesto a decir la verdad a los españoles e incluso a “inmolarse” políticamente hablando, porque aquellos que disfrutan de los “chiringuitos” y disfrutan de subvenciones, saldrían a la calles, pero si la sociedad sabe la verdad, como ha ocurrido en Argentina, se podrá cambiar la situación y dejar un futuro para nuestros hijos y nietos y no un país endeudado hasta la médula y sin capacidad de salir una espiral inflacionista que cada día nos hace más pobres.

¿Dónde está el Milei a la española?; no se atisba, pero desde luego, no parece estar en el seno de los partidos políticos actuales. 

Todo parece indicar que el próximo años 2.025, será un año de cambios profundos en el mundo.

Hay que esperar que estos cambios, sean a mejor. Por un lado, la llegada de Donald Trump, a la presidencia de Estados Unidos, puede ser un elemento fundamental en la búsqueda de la paz, en lugares como Ucrania, donde ya ha anunciado que en cuanto llegue a la presidencia, iniciará negociaciones con Rusia y en Oriente Medio, donde también tiene planes de estabilización que pueden fructificar.

Es decir, se pueden abrir nuevos escenarios, lejos del belicismo del Partido Demócrata y de los poderes ocultos, más interesados en su negocios y en el control social.

A nivel económico, también pueden existir revulsivos que hagan crecer la economía de Estados Unidos, aunque la subida de los aranceles que tanto parece preocupar en Europa, puede abrir nuevas oportunidades y hacer el mercado más competitivo.

En Europa, los cambios de gobierno en Alemania y muy posiblemente en Francia, serán elementos  muy importantes para cambiar las absurdas políticas de la UE.

En España, sin embargo, seguimos sin un horizonte político claro, con un Gobierno cada vez más alejado de la realidad, con casos de corrupción en su entorno y una oposición, inoperativa y sin explicar a la población el necesario programa de reformas profundas que España necesita.

Sin duda, mientras no se arme una alternativa política clara y con ideas, el señor Sánchez seguirá estando en el poder y lo que es lo mismo destrozando poco a poco nuestra convivencia.