ESPAÑA CORRE EL RIESGO DE PERDER COMPETITIVIDAD ENERGÉTICA

España, corre el serio riesgo, de perder competitividad y quedar como un mero país de servicios, con una alta dependencia del exterior en el abastecimiento energético.

Si finalmente se apagan las centrales nucleares, como quiere de manera incomprensible e irresponsable el Gobierno, el riesgo de cortes de energía en momentos de gran demanda, puede ser un hecho, con el consiguiente problema para la población y para la industria.

Por otro lado, depender de adquirir energía eléctrica en el exterior, es un riesgo también grande, porque puede haber momentos que por tener una gran demanda interna, lo países de nuestro entorno, no puedan facilitarnos la energía necesaria para nuestras necesidades como nación y en caso de poder hacerlo será a un precio nada competitivo. 

A nivel estratégico, tampoco tiene justificación alguna, depender de suministradores externos, en momentos de crisis internacionales de cualquier tipo.

En definitiva, es incomprensible, la posición del Gobierno de España, en su intento de cerrar las centrales nucleares, que además, crearan pobreza y despoblación en los lugares donde esta ubicadas.

Sólo, desde una posición ideológica radical o desde intereses desconocidos, se puede defender una posición como la que pretende el Gobierno de España.

¿CASUALIDADES O ALGO MUCHO MÁS PREOCUPANTE Y SERIO?

¿Casualidades o algo mucho más preocupante y serio?. Me refiero a los robos en la casa de la abogada Guadalupe Sánchez, abogada, del novio de la Presidenta Isabel Ayuso; la entrada en la casa del arquitecto de la reforma del piso del novio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en un plazo de pocos días.

En la entrada en la casa de la abogada Guadalupe Sánchez, hay además una casualidad  más, al llevarse el portátil de la abogada y dejar otro portátil de su esposo que estaba justo al lado.

Son temas, que se debieran de investigar profundamente, para que los ciudadanos no tengamos la más mínima duda.

La mera sospecha y dudas la respecto, sólo indica, la baja calidad de nuestra democracia y del estado de derecho, algo en si muy preocupante, y que debiera de hacernos estar atentos como sociedad, para defender con todas nuestra fuerzas el sistema democrático y de libertades que consagra la propia Constitución.  

UNA IZQUIERDA NERVIOSA Y SIN IDEAS

Un responsable político con corazón y dignidad, busca siempre el bien común y beneficiar a la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, como estamos viendo en España últimamente, no parece que sea siempre así, ni mucho menos.

Lo que ha pretendido el Gobierno de Pedro Sánchez, con el intento de convalidación del llamado decreto ómnibus, es un “chantaje” político en toda regla, al tratar de incluir aspectos de claro consenso, como la subida de las pensiones, o la ayudas a los afectados por la catástrofe en Valencia, con otras realmente muy negativas como la donación de un palacete al PNV, la prorroga del decreto de los okupas y medidas para indirectamente censurar las redes sociales.

La soberbia, está llegando a límites insoportables, al negarse el Gobierno a aprobar los decretos de forma individual y tener la desvergüenza además, de culpar a la oposición de no querer subir las pensiones o no querer aprobar la ayudas para los afectados por las inundaciones del Levante.

Pretender culpar a la oposición de no aprobar un decreto “infumable”, cuando les están reclamando que presente los decretos de forma individualizada, es un acto incalificable, que demuestra que en el fondo el Gobierno, está dispuesto a utilizar la pensión de los jubilados y las ayudas a los afectados por las inundaciones, para aprobar cualquier cosa que le plazca, negando el derecho a la oposición de exponer y defender sus ideas y olvidándose de que un Gobierno en minoría, si no puede aprobar sus leyes, debe de dimitir.

Lo que el Gobierno, está haciendo es una perversión democrática de gran calado, y que demuestra que su objetivo es controlar todo, sin respetar la democracia, utilizando para ello el engaño y la desinformación.

Mención aparte, merecen los dirigentes de lo sindicatos UGT y CCOO, digo los dirigentes y no sus bases, al querer convocar una manifestación de protesta contra el PP y JUNTS, por no aprobar la subida de las pensiones, cuando lo que están exigiendo es aprobarlo inmediatamente de forma individualizada.

Unos sindicatos, desaparecidos ante la subida de la vida, ante los problemas de la sociedad para llegar a fin de mes y aparecen de forma súbita para defender al Gobierno, que tan bien les subvenciona, con sus ayudas.

Estamos viviendo una realidad virtual, por parte de una izquierda nerviosa, sin ideas y por lo que se ve dispuesta a dividir y crispar, espero que la sensatez de la mayoría, les deje en ridículo y el sentido común impere.

TRUMP Y SU APARATO DE PODER ESTARÁ INFORMADO DE TODO LO QUE OCURRE EN ESPAÑA

Por mucho que Pedro Sánchez y su entorno trate de evitar, no será posible que en los informes diarios que recibe de sus agentes en España, la nueva administración norteamericana de Donald Trump, este al día de todas las relaciones del Gobierno de España con dictaduras comunistas como la de Venezuela, Cuba, las relaciones con Irán y la posición de España sobre Palestina, así como lógicamente también el gobierno de Trump, estará perfectamente informado de que España, es el único país occidental, con comunistas en el Ejecutivo.

Por mucho que Sánchez quiera, su posición internacional, será cada vez más débil y aislada.

Sánchez, esta en un huida hacía adelante, sin criterio ni beneficio alguno para los españoles, sino sólo es un intento en vano para “parapetarse” de todos los casos de supuesta corrupción que le rodean y de sus amistades peligrosas con Venezuela, China y Rusia e Irán.

Es verdad, que cuanto más aislado se sienta, será más peligroso para el sistema democrático, porque en su afán de defenderse, puede llegar a tomar decisiones que nunca hubiéramos pensado se pudieran producir.

Hay que estar atentos y los creyentes, que queramos sólo el bien de España, rezar mucho para que todo tenga un final feliz para nuestra convivencia y futuro de progreso.  

JOE BIDEN, UN MAL PRESIDENTE

El indulto a su hijo Hunter Biden y al Doctor Fauci, este de forma preventiva, minutos antes de dejar la Casa Blanca, deja bien a las clara, la catadura moral de Joe Biden.

Su hijo indultado de varios delitos graves, y el Dr, Fauci, porque ante las lamentables e injustas decisiones, tomadas, durante la pandemia de COVID 19, las contradicciones y mentiras vertidas, en algunas declaraciones, del máximo responsable médico de Estados Unidos, durante la pandemia, amenazaban que tras una investigación judicial, pudiera ser condenado por graves delitos.

Joe Biden, ha sido un mal Presidente de los Estados Unidos, no sólo por su cobardía y entrega al “wokismo”, que tanto daño ha hecho a la sociedad norteamericana, sino porque realmente ha sido un Presidente “Fake”, al no estar en condiciones mentales para dirigir la primera potencia mundial.

A poco que se vayan conociendo nuevas informaciones, sobre su mandato, nos daremos cuenta, del daño que ha hecho no sólo a su país, sino al mundo entero. 

Al tiempo. 

SOBRE EL BIEN COMÚN

 

 

 

 

Magnífica reflexión, sobre el bien común, de uno de los sabios de este siglo en España, como es D. Fernando del Pino-Calvo Sotelo, en un momento de profunda crisis de valores.

FERNANDO DEL PINO-CALVO SOTELO 

Decía Peter Kreeft que una sociedad buena es aquella en la que es fácil ser bueno. En este sentido, ¿es buena nuestra sociedad? Y ¿de qué depende su bondad? El concepto esencial para responder a esta pregunta es el bien común, un concepto tan relevante que explica en gran medida el destino de las sociedades, el bienestar y felicidad (siempre relativa) de sus ciudadanos y su desarrollo material, intelectual, emocional y espiritual. Por lo tanto, el bien común tiene una importancia trascendental, a pesar de lo cual es raro que se mencione y aún más raro que se comprenda.

Definamos el bien común

Utilizando la vía negativa, conviene aclarar en primer lugar lo que el bien común no es. El bien común no es la suma de los bienes de los miembros de una sociedad, ni se refiere a los bienes de titularidad pública, a la existencia de servicios públicos o a algún tipo de colectivismo o redistribución de la riqueza. Esto no quiere decir que el bien común no trate estas cuestiones materiales y económicas, sino que alcanza un significado humano mucho más amplio y profundo. El bien común tampoco es un juego de suma cero ni se opone al bien privado; no es excluible, sino que beneficia a todos.

¿Qué es entonces? Su definición más precisa es la siguiente: El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección[1]. En otras palabras, el bien común hace referencia a la creación y mantenimiento de un marco institucional, político, social, jurídico y económico y, ante todo, de un êthos o moral compartida que facilite la consecución de una plenitud de vida, de una realización trascendente y holística de cada individuo y, en consecuencia, del logro parcial de la felicidad que todos anhelamos[2].

El bien común crea un marco de actuación y un caldo de cultivo, pero no ofrece un resultado predeterminado. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente. Hace posible que las personas puedan florecer, pero no lo garantiza, pues todo dependerá siempre del más elevado atributo del ser humano: su libertad. Como dijo el Sabio hace 2.200 años: «Al principio Dios creó al hombre y lo dejó en poder de su libre albedrío. Él ha puesto delante fuego y agua: extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte, y a cada uno se le dará lo que prefiera»[3]. En otras palabras, el bien común es la tierra buena que permite germinar al hombre, pero, en última instancia, éste, como sujeto autónomo de decisión moral, «dueño de su destino y capitán de su alma»[4], será siempre el responsable último de dar fruto. En el ser humano, libertad, responsabilidad y dignidad son inseparables.

De todo ello se desprende que el concepto de bien común se aleja de cualquier idea de igualitarismo, pues el desarrollo pleno de cada individuo es siempre relativo y su fruto dependerá de sus capacidades intelectuales, morales y emocionales, que varían de individuo en individuo y dan resultados diferentes que son justos precisamente por ser diferentes.

La defensa de la vida y de la familia

El primer elemento del bien común es el respeto a los derechos y libertades fundamentales del individuo, comenzando por el derecho a la vida desde la concepción a la muerte natural. El bien común exige, por tanto, una cultura que ensalce y defienda la vida a toda costa, una sociedad en la que prevalezca el respeto absoluto a la vida como un don que no depende de la voluntad y del deseo de nadie. En este sentido, la triste y gris Cultura de la Muerte que ha impregnado nuestras sociedades, que no sólo normaliza el horror del aborto y la eutanasia, sino que los identifica con el progreso, no indica civilización sino barbarie, y retrata una sociedad enferma y, en cierto sentido, grotesca, pues nada hay más ridículo que creerse lo contrario de lo que uno es.

El bien común exige la defensa de la familia como pilar básico de la sociedad de modo que el niño tenga la posibilidad de crecer en un ambiente familiar estable con su padre (cromosoma XY) y su madre (cromosoma XX). Es, por tanto, contrario al bien común fomentar el divorcio como hace en España la ley del divorcio exprés (PSOE-PP), que eliminó prácticas dilatorias que proporcionaban al matrimonio tiempo para discernir la decisión que estaba a punto de tomar. Una política favorable al bien común sería la opuesta: ayudar a los matrimonios a evitar, en la medida de lo humanamente posible, un paso que no tiene vuelta atrás. También es contrario al bien común (y a la verdad) el silenciamiento cultural ―por ejemplo, cinematográfico― del sufrimiento que supone para la mayor parte de sus protagonistas, en especial para los hijos.

La defensa de la libertad

Otro componente imprescindible del bien común es el respeto a la libertad individual. La libertad es el oxígeno del alma, sin el cual ésta se marchita. En este sentido, resulta inquietante la paulatina represión de libertades personales que hemos sufrido en las últimas décadas en esta Europa secuestrada por una UE crecientemente oscura.

El caso de España desde 1975 es especialmente paradójico. Nadie imaginó que el precio de obtener una muy restringida libertad política, basada en poco más que un ritual de voto bastante inútil realizado un día cada cuatro años, era perder enormes grados de libertad personal, robada por la opresión burocrática y el magno latrocinio impositivo de ese Estado semi totalitario llamado Estado de Bienestar. Así, el español medio paga hoy el doble de impuestos que pagaba en 1974 y encima soporta un número de prohibiciones y a una exigencia cotidiana de permisos administrativos muy superior al de hace medio siglo. Hemos pasado de una dictadura a otra, mucho más hipócrita.

¿Y qué decir de la libertad de pensamiento y de expresión, perseguidas en plena «democracia» por la tiranía de la corrección política y la censura más impudorosa? ¿Y qué decir de la libertad religiosa, especialmente del cristianismo, perseguido e injuriado por bufones que jamás se atreverían a hacer lo mismo con otras religiones?

El progreso económico como bien común

El bien común también exige un sistema económico que fomente la creación de riqueza. Afortunadamente, no hay que inventarlo, por ser bien conocido: la economía de mercado, enmarcada en un entorno de seguridad jurídica, con un Estado pequeño y, sobre todo, desde el respeto a la propiedad privada, condición sine qua non para el progreso económico y «principio fundamental que ha de considerarse inviolable»[5].

El estatismo, la inseguridad jurídica y los impuestos son enemigos de la propiedad privada. Así, resulta axiomático que una sociedad sin seguridad jurídica y con impuestos altos típicos de nuestros Estados-vampiro, o en la que los okupas gozan de mayores derechos que los legítimos dueños de las viviendas, será más pobre, inestable e injusta que una sociedad con seguridad jurídica, impuestos bajos y clara protección del derecho a la propiedad.

Dicho eso, un sistema adecuado es una condición necesaria pero no suficiente para el progreso económico, que siempre dependerá en última instancia de la actuación del individuo. Ningún sistema o estructura social puede resolver el problema de la pobreza como por arte de magia sin una «constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio; cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho»[6].

Del mismo modo, una sociedad en la que las normas se multiplican como células cancerosas y pueden ser interpretadas arbitrariamente, una sociedad en la que se aprueban constantemente leyes inicuas y siempre cambiantes, fruto del capricho de una mayoría que sólo busca perpetuarse en el poder, es contraria al bien común. En el mismo sentido, una sociedad en la que los máximos órganos jurisdiccionales están politizados y caen en la más abyecta prevaricación no puede ser una sociedad buena, al contrario que una sociedad regida por leyes justas basadas en principios inmutables, en normas consuetudinarias, en la Ley Natural y en el sentido común, y con una Justicia independiente.

El bien común exige que aquellos que se vean imposibilitados para salir adelante por sus propios medios sean cuidados por la comunidad y no abandonados a su suerte, pues una sociedad que no protege a sus miembros más débiles no puede denominarse buena. Sin embargo, cuidar de esa pequeña minoría que no puede cuidarse a sí misma nada tiene que ver con la trampa del Estado de Bienestar[7], cuyo férreo manto «protector» (una prisión encubierta) cubre innecesariamente a toda la población con el único objetivo de controlarla, es decir, como coartada para lograr un Estado de Servidumbre. Como pudimos comprobar con la DANA de Valencia, la comunidad puede voluntaria y espontáneamente cuidar de sus miembros con mucha mayor agilidad y eficacia que un Estado anquilosado controlado por intereses mezquinos.

Pero lo más perverso del Estado de Bienestar es que hace creer al común de los ciudadanos que nunca podrá valerse por sí mismo, sino que siempre necesitará al Estado, una creencia falsa y denigratoria que se opone frontalmente tanto al bien común como al principio de subsidiariedad que debe regir toda sociedad[8].

El respeto a la verdad y a la palabra dada

Como nos recuerda Thomas Woods, «todos los países que han sido económicamente exitosos poseían derechos de propiedad robustos y una clara exigencia de cumplimiento de los derechos contractuales»[9]. Diciendo lo mismo con otras palabras, Richard Maybury basa el éxito de una sociedad en dos principios: no violes los derechos y propiedades de los demás y cumple lo que has acordado.

El bien común, por tanto, también exige cumplir las promesas, los contratos y, en definitiva, la palabra dada, partiendo de las promesas personales. Una sociedad que respeta un apretón de manos y no requiere la firma de un complejo contrato para cada pequeña acción es una sociedad buena y eficiente, pues sin un mínimo de confianza toda sociedad se convierte en inoperativa: a veces el comprador paga por adelantado y otras el proveedor entrega su producto sin haber cobrado, y en ambos casos subyace una confianza en que la otra parte cumplirá lo debido, la misma que tiene el prestamista en el prestatario.

En la política también resulta clave poder confiar en las promesas electorales a cambio de las cuales el ciudadano entrega su voto, esto es, su soberanía política. Resulta obvio que en nuestras pervertidas democracias esto es una quimera, lo que debilita enormemente el bien común.

Asimismo, el bien común exigiría que los medios de comunicación tuvieran cierto apego a la verdad, pero desgraciadamente éstos están hoy entregados a la propaganda, a la defensa de intereses espurios y a la mentira.

Respetar la palabra dada es respetar la verdad, pero ¿qué lugar reservamos para la verdad en nuestra sociedad de hoy? La pregunta no es si se miente más o menos que antes, sino si la mentira está socialmente estigmatizada o normalizada. Éste no es un tema baladí, pues de la institucionalización de la mentira surge un cinismo crónico que es como un veneno de efecto lento que va pudriendo la sociedad por dentro.

La exigencia de la paz

En último término, el bien común exige que haya paz, entendida no sólo como ausencia de enfrentamiento bélico, sino en sentido amplio. La paz exige que el debate político esté acotado en fondo y forma dentro de un marco de convivencia y de unas reglas respetadas por todos. En este sentido, el bien común exige la existencia de un diálogo tolerante y respetuoso desde el respeto a la verdad, pues la verdad siempre tiene prioridad sobre el consenso.

En este aspecto es posible que nos encontremos ante un problema sistémico. En efecto, la democracia deriva por su propia naturaleza en la polarización social, pues los políticos excitan las pasiones de los votantes, incitando al miedo al adversario y arrastrando a la ciudadanía a un ambiente de intolerancia e ira crecientes.

Pero la paz incluye también la paz en los hogares, obstaculizada por la permanente lucha de sexos en la que hoy nos han sumergido. Este fenómeno, introducido por la agenda globalista como destructor de familias y sustituto de la lucha de clases, ha permeado peligrosamente en gran parte de la sociedad y es uno de los grandes enemigos de la paz familiar y, por tanto, del bien común.

Finalmente, la paz requiere de un esfuerzo por alcanzar la paz interior, tantas veces esquiva, pero aún más difícil de lograr en una sociedad relativista, hedonista y nihilista que vive de espaldas a la realidad última de esa criatura llamada hombre; una sociedad sin Dios y sin rumbo, pues carece de la brújula del bien y del mal, desesperanzada y triste, a pesar de sus falsas apariencias, una sociedad, en fin, que, engañada por quienes sólo desean dominarla, escarba en la basura creyendo que allí encontrará los manjares que la dejarán ahíta.

Querido lector: el bien común se apoya en el derecho y la libertad, en el orden y la justicia, en la familia y la propiedad privada, en la verdad y la paz. No creo que la sociedad española reúna hoy estas condiciones, pero si queremos mejorarla, éste es el camino, y no otro.

[1] Juan XXIII, Mater et Magistra 65.

“ASALTO” A TELEFÓNICA

Como si fuera una especie de “dictador, el Presidente del Gobierno, ha concluido con sólo el diez por ciento de las  acciones de Telefónica en manos de la SEPI, su “asalto” a uno de los “tesoros” de nuestras grandes, empresas, Telefónica.

La maniobra incalificable de hace unos pocos meses, de comprar con el dinero que no tenemos, de todos los españoles, adquiriendo por casi tres millones de euros el diez por ciento de este buque insignia de las comunicaciones, ha concluido con el objetivo cumplido : adueñarse con sólo el diez por ciento del capital y la colaboración vergonzosa del paquete de acciones de La Caixa, con el control de la sociedad.

Mientras, el sesenta por ciento del capital, claramente la mayoría de los pequeños y medianos accionistas, han sido burlados y no han sido consultados.

Todo un proceso más propio de un país totalitario, en el que en un fin de semana, para evitar capacidad de reacción, se llama al hasta entonces Presidente de Telefónica, Álvarez Pallete al Palacio de la Moncloa, para que en presencia de un representante de Criteria Caixa, pedirle que dimitiera y convocar así, e apenas veinticuatro horas, un Consejo de Administración de la sociedad para nombrar a su sustituto, Marc Murtra, un hombre muy cercano al PSC y de confianza total del Gobierno.

Ante está desvergüenza, los españoles nos quedamos contemplando, como con nuestro dinero o con nuestra deuda, unos señores minoritarios, se hacen con el control de una gran empresas, usurpando, no sólo todo control democrático, sino societario, porque el sesenta por ciento del capital, la inmensa mayoría no ha podido opinar ni aprobar tal intervención.

Es una prueba evidente, de un intento ya sin freno, de convertir a España en una democracia de apariencia, pero totalmente alejada de cualquier control social, en definitiva, un régimen de control con muy preocupantes “tintes” totalitarios.

El principal partido de España, el PP y por supuesto Vox, deben de tomar medidas especiales, democráticas, pero nunca vistas hasta ahora, para dar respuesta a la deriva de un personaje, que realmente amenaza a nuestras libertades y que sin duda supone un riesgo político, para el mantenimiento de una democracia digna de tal nombre. 

SIN QUERER SER UNA BUENA PERSONA, NO SE PUEDE SER UN BUEN POLÍTICO

En cualquier faceta de la vida, es fundamental la ética, la moral y por supuesto la bondad.

Estas cuestiones, no sólo son buenas en si para las personas que las ponen en práctica, o al menos lo intentan cada día, aún con su defectos, sino para todas las personas de su entorno social.

Si esto es importante en cualquier actividad, profesión con mucho más motivo, debiera de ser un imperativo en el desarrollo de cualquier representación política.

Un político, sin estas premisas o condiciones, es una rémora para sus conciudadanos, porque al carecer de valores, siempre antepondrá cualquier interés personal o de grupo, que el beneficio de la sociedad.

No se puede ser un buen político, siendo una mala persona, dispuesta a mentir, difamar, engañar, aprovecharse del cargo; en definitiva, a no tener líneas rojas en su conducta, a la hora de aplicar políticas o criterios.

Desgraciadamente, hoy en el mundo y por supuesto en España, tenemos demasiados políticos “malas personas” a tenor de sus conductas, sin por ello, querer entrar en lo inviolable de sus conciencias.

Una cosa, es el error humano y otra, el desarrollar la actividad política con un único objetivo de poder personal o de grupo, sin respetar opiniones ajenas y tomando decisiones injustas, perjudiciales para una gran parte de la sociedad.

Sin embargo, el político impregnado de valores, siempre intentará hacer las cosas bien, lo que en modo alguno significa que sea perfecto, pero si que está dispuesto a valorar el beneficio o el daño que pueda hacer con sus decisiones.

En definitiva, sin tener respeto a sus semejantes, sin querer lo mejor para todos, es imposible ser buen político y por lo tanto socialmente sus actos serán generalmente dañinos. 

UN GOBIERNO SITIADO

En España, tenemos un Gobierno, sitiado, por supuestos casos de corrupción, algunos, parecen de gran alcance, sitiado, por falta de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del estado, sitiado, porque muchos de sus decretos, no llegan a buen fin por falta de  mayorías que les apoyen, sitiado, internacionalmente, donde su descrédito va en aumento y sitiado por su propia incompetencia y falta de verdad.

Es como un casco de barco a la deriva, en medio de continuas tormentas.

Esta situación sin embargo, es muy peligrosa, sobre todo para los ciudadanos y el futuro de la democracia, ya que vemos en plena  descomposición política, hay Ministros, dispuestos a llegar a insultar a un jefe de gabinete de una Presidenta de Comunidad, lo que es realmente intolerable, además de una muestra de desesperación, de un Ministro como Oscar López, que ha demostrado su catadura moral, al realizar un ataque personal a Miguel Ángel Rodríguez.

La política en España, se está convirtiendo es una especie de “ciénaga”, sobre todo por parte del Gobierno, que debiera de ser el que mostrara más sensatez y sentido común.

El Partido Popular, no puede en estos momentos acordar nada con el Gobierno, porque sería avalar y dar credibilidad a unos gobernantes dispuestos aparentemente a cualquier cosa, con tal de seguir en el poder.

Es urgente, hacer un llamamiento a las personas de bien, para que la sociedad se de cuenta de una vez por todas, de la gravedad de la situación.

La oposición no puede seguir haciendo una oposición “clásica”, porque no tenemos un Gobierno que respete a la ciudadanía como se está comprobando, no le importa incluso no poder gobernar, sino sólo gozar de los beneficios de sus cargos.

 

DEFENDER LA ACUSACIÓN POPULAR COMO INSTRUMENTO DEMÓCRATICO Y GARANTÍA

Si queremos preservar la democracia, el estado de derecho, debemos desde la sociedad civil. desde las organizaciones profesionales, y por supuesto desde los partidos de la oposición, poner todos los medios necesarios jurídicos y políticos para impedir, que pueda aprobarse la ley presentada por el  partido Socialista, para dejar desactivada de facto, lo que conocemos como acusación popular, lo que en realidad, serviría para archivar supuestos casos delictivos, que ahora afectan a personas cercanas al Presidente del Gobierno.

En el fondo, es una ley “ad hoc” para mantener al Gobierno impune ante cualquier ilegalidad denunciada en los medios de comunicación.

Si en España, nuestra Fiscalía no dependiera del Gobierno y fuera totalmente independiente, no sería tan importante mantener esta norma que permite la acusación popular, sin embargo, dada las situaciones que se están viendo por parte de la Fiscalía General del Estado en la actualidad; al pueblo, al ciudadano indefenso no le queda otra defensa de sus intereses generales, que las acusaciones populares por parte de diferentes asociaciones, que en un gran trabajo velan por los derechos  individuales e impiden abusos al poder de turno. Es urgente explicar a los ciudadanos, que sus libertades y derechos pueden estar en peligro, si este proyecto de ley es aprobado, porque en realidad, cualquier escándalo que pueda surgir en algunos de los poderes del Estado, estaría sujeto a que la Fiscalía tomará una decisión al respecto y eso es un riesgo hoy por hoy inasumible para nuestro sistema democrático.

No debemos parar ante este ataque a la democracia, a través de la impunidad del poder.