La violación de una niña en Madrid por parte de un Mena, de nacionalidad marroquí, al al parecer con antecedentes anteriores delictivos, debiera de hacernos meditar muy profundamente, sobre la incidencia en la seguridad de las personas por parte de algunos individuos, que vienen a España a delinquir y no a trabajar y contribuir a una convivencia pacífica.
Una cuestión es acoger a personas que huyen de la guerra y de situaciones de extrema pobreza, caso de los procedentes del Sahel y otra muy distinta, es dar cobertura económica y legal a a personas que no quieren contribuir a su inclusión social y que quieren vivir a costa de los impuestos de los españoles.
Por lo tanto, es vital, diferenciar a las personas que sólo quieren buscar un futuro mejor, huyendo de la guerra y la persecución, de los otros, cada vez más, que más parecen formar parte de una especie de «guerra» hibrida de nuestro vecino Marruecos.
El cumplimiento de la ley y la fronteras, es algo fundamental si no se quiere evitar a la larga una confrontación social y eso por supuesto, nada tiene que ver con la acogida a personas vulnerables que de buena fe quieren buscar un futuro para sus vidas.
España, no puede seguir recibiendo a jóvenes procedentes principalmente de Marruecos y Argelia, sin conocer sus intenciones y sin control alguno.
Por otro lado, la actuación de las «mafias», con la llegada masiva de jóvenes del norte de África, ha creado un negocio para aquellos que se encargan de dar acomodo a estas personas.
Es decir, lo que en principio parecía ser algo humanitario, se ha convertido en un negocio, dado que se barajan cifras de tres mil y cuatro mil euros de media de coste por mes de acogida y eso además de ser injusto, no garantiza que estas personas se puedan acomodar socialmente y contribuir al bien común.
Como resumen, es necesario acoger al que quiere ser acogido de buena fe y quiere sumarse a contribuir al desarrollo de este país y hay que expulsar a todos aquellos, que de forma ilegal llegan con intenciones delictivas o especulativas.