En pleno estado de alarma y sin consenso alguno, el Gobierno ha llevado al Parlamento una nueva Ley de Educación, creo que es la séptima o la octava que tiene este país desde el inicio de la democracia, lo que demuestra que sin consensos básicos su duración será mientras este el actual Gobierno en el poder.
La señora Celaá, parece que no la gustan los consensos, ya demostró durante su estancia como Consejera de Educación del Gobierno Vasco su nefasta gestión y ahora quiere imponer una ley sectaria sin consenso básicos.
La nueva ley cerca la enseñanza de la Religión, al dejar de computar como nota media, elimina el artículo 102 de la LOMCE, que recogía que las plazas en los centros concertados variaran en función de la demanda de los padres, e incluye un representante Municipal en el Consejo escolar de los centros concertados, lo que no deja de ser un intento de control político.
Siendo grave todo ello, lo más grave es que viendo el fracaso de aprobar una ley tan importante para el futuro sin consenso previo, se vuelva a intentar imponer un proyecto que debiera de ser de todos.
Es un prueba más de la radicalidad de un Gobierno que con una minoría social, quiere imponer sus ideas sin contar con las de los demás. Todo muy antiguo.