Es de suma gravedad, que puedan existir dirigentes políticos, en plural, aunque no sean muchos, que puedan pedir medidas inconstitucionales, contrarias a los más básicos derechos humanos y convenciones internacionales, como el tratado de Helsinki, recomendaciones del Consejo de Europa y por supuesto de forma clara a nuestra Constitución.
Me refiero a que se pueda pedir, por alguien que tiene poder ejecutivo, la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19.
Es decir, se quiere obligar a vacunarse a todas las personas, con unos productos, de los que las propias farmacéuticas no se hacen responsables, que no inmunizan y que están teniendo reacciones adversas que en algunos casos han llevado a la muerte.
No se trata de entrar en discusión, sobre si las vacunas actuales son mejores o peores, sino sobre el respeto a las leyes y a múltiples tratados internacionales rubricados por España.
Lo más grave de todo, es que tengamos al frente de instituciones, personas que puedan pedir cuestiones contrarias al ordenamiento jurídico y que violan de forma clara, diferentes tratados internacionales.
Estas personas, o han perdido el sentido, en cuyo caso debieran recapacitar y pedir perdón por el grave lapsus, o lo que sería muy grave y preocupante, tienen tendencias dictatoriales; quiero pensar en lo primero, porque si fuera lo segundo sería para coger “el portante” y marcharse de este país.
Estos dirigentes, han llegado a sus cargos, precisamente debido a las libertades que nos hemos dado y que consagra la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos y otros muchos tratados internacionales.
Jugar con la libertad de las personas, es un riesgo que siempre acaba mal, recordemos como se marcaba a los judíos en la Alemania nazi, al principio eran sólo pequeñas discriminaciones y carnets, después con marcas en la ropa y finalmente los campos de concentración y los hornos crematorios.
Cuando se cercioran libertades básicas, se sabe como empieza, pero no como se acaba.
No es que quiera en absoluto comparar situaciones, lo que quiero es llamar la atención que la libertad es un elemento fundamental de la vida y del propio individuo, sobre todo, cuando hablamos de sus convicciones religiosas o como es el caso de su salud y su vida.
Por otro lado, y en concreto, sobre lo legislado recientemente en Cantabria que afortunadamente ha sido impedido por el Tribunal Superior de Justicia, el tratar de discriminar para entrar en los establecimientos hosteleros; hay que decir que el mero hecho de haber intentado tal cuestión, roza la prevaricación y desde luego políticamente en cualquier país de nuestro entorno hubiera supuesto la dimisión de los firmantes de tal despropósito, que aparte de ser ilegal, es socialmente perverso, pues divide a la sociedad, entre buenos y malos, entre ciudadanos que piensan una cosa y ciudadanos que discrepan.
Capitulo aparte, merece en Cantabria la actitud de la oposición, que parece desaparecida y que “traga” con el mero intento de imponer un carnet para entrar en un establecimiento, saltándose la Constitución y varios tratados; así no se defienden las libertades, lo único que se hace es llevar el desencanto y la tristeza a las miles y miles de personas que han confiado en ellos.