El exceso de mortalidad no explicable, que se está produciendo curiosamente en los países que más dosis han facilitado contra el COVID-19, debe de ser investigado de manera profunda y por científicos libres de intereses y sin vinculación alguna con empresas farmacéuticas ni gobiernos.
Podemos estar supuestamente, ante el escandalo sanitario más grande de los últimos años y es necesario saber la verdad, sea la que fuere.
La sociedad en su conjunto, la memoria de los fallecidos y damnificados, merece obviamente que se investigue todo lo concerniente al COVID-19 y la repercusión de las llamadas vacunas que no lo eran porque no inmunizaban y los daños causados de todo tipo.
Estamos ante la posibilidad de que existan graves responsabilidades penales, por parte de los más altos dirigentes del mundo y de otro tipo de organizaciones.
Si como fruto de la investigación, se llegará a demostrar como se ha engañado supuestamente a sabiendas a la población, estaríamos ante graves delitos y muchos años de cárcel.
Hay que esperar a que se sepa la verdad, de la verdad, aunque llama la atención la tendencia continua de algunos organismos internacionales y medios de comunicación de coartar la libertad de pensamiento al respecto y lo que es más grave tapar y desacreditar investigaciones, lo que es altamente sospechoso.
Aquellos que acusaban y trataban de hacer “apartheid” con los que racionalmente, tenían dudas sobre el experimento, no tienen la vergüenza de pedir perdón, ni reconocer que al menos parcialmente estaban equivocados.
Cuando todo se sepa a ciencia cierta, se lo recordaremos.