Si queremos preservar la democracia, el estado de derecho, debemos desde la sociedad civil. desde las organizaciones profesionales, y por supuesto desde los partidos de la oposición, poner todos los medios necesarios jurídicos y políticos para impedir, que pueda aprobarse la ley presentada por el partido Socialista, para dejar desactivada de facto, lo que conocemos como acusación popular, lo que en realidad, serviría para archivar supuestos casos delictivos, que ahora afectan a personas cercanas al Presidente del Gobierno.
En el fondo, es una ley “ad hoc” para mantener al Gobierno impune ante cualquier ilegalidad denunciada en los medios de comunicación.
Si en España, nuestra Fiscalía no dependiera del Gobierno y fuera totalmente independiente, no sería tan importante mantener esta norma que permite la acusación popular, sin embargo, dada las situaciones que se están viendo por parte de la Fiscalía General del Estado en la actualidad; al pueblo, al ciudadano indefenso no le queda otra defensa de sus intereses generales, que las acusaciones populares por parte de diferentes asociaciones, que en un gran trabajo velan por los derechos individuales e impiden abusos al poder de turno. Es urgente explicar a los ciudadanos, que sus libertades y derechos pueden estar en peligro, si este proyecto de ley es aprobado, porque en realidad, cualquier escándalo que pueda surgir en algunos de los poderes del Estado, estaría sujeto a que la Fiscalía tomará una decisión al respecto y eso es un riesgo hoy por hoy inasumible para nuestro sistema democrático.
No debemos parar ante este ataque a la democracia, a través de la impunidad del poder.