El informe de la Misión Independiente de Naciones Unidas sobre Venezuela, es demoledor y debiera de tener serias consecuencias en las relaciones de España con el gobierno de Maduro.
La Misión de la ONU investigo 223 casos de violaciones graves de derechos humanos y crímenes y otros 2.891 para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
La delegación diplomática encontró motivos razonables, para creer que las autoridades de Venezuela y las fuerzas de seguridad han planificado y ejecutado desde 2.014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas ejecuciones arbitrarias- y el uso sistemático de la tortura-constituyen según el informe crímenes de lesa humanidad.
El informe recoge que lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado con el conocimiento o el apoyo de los comandantes y altos funcionarios del gobierno.
También se recoge que con estimaciones conservadoras, Venezuela de asesinatos cometidos por agentes del estado en América Latina.
La Misión, investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.522 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.
El informe de la ONU, debiera de propiciar en España, una reacción en cadena:
Con una investigación de la relaciones de altos dirigentes de Podemos con el gobierno de Maduro, su posible financiación y los vínculos de todo tipo.
La oposición debiera de exigir rápidamente explicaciones a Pedro Sánchez de las relaciones con el gobierno venezolano.
Estamos ante un informe que recoge con lo que se sospechaba y hasta cierto punto se conocía, pero se le ha dado un carácter oficial.
No puede haber en el Gobierno de España, personas que defiendan las políticas de individuos acusados de crímenes de lesa humanidad y mucho menos que tengan relaciones sólidas con ellos.