Todo ha sido tomar posiciones el Estado en el accionariado de Telefónica, a costa de los impuestos de los españoles, para que en la compañía, suceda de todo.
Por un lado, un ERE de unos 4.500 empleados, desinversiones en Iberoamérica y dimisiones muy sospechosas, que pueden indicar que algunos abandonan el barco, antes de que pueda tener vías de agua más peligrosas.
La marcha de Rosauro Varo, empresario de moda, muy cercano a posiciones socialistas, pero con muy buenas relaciones también en algunos ambientes de la llamada derecha «light», dejando los Consejos de Administración de Telefónica y Movistar plus, se baraja como el inicio de profundos desacuerdos, ya que también, otra persona de la alta dirección como Gonzalo Martin Villa, según recoge el digital Hispanidad, abandona sus cargos técnicos.
Nada parece ser fruto de la casualidad, curiosamente todos estos movimientos e incertidumbres, coinciden con la entrada hace un año del Estado en el accionariado de la compañía de comunicaciones.
Da la sensación, de que en donde entra este Gobierno, no crece la hierba.
En realidad todos sabemos que este es un Gobierno «gafe».