Autor: Gervasio Portilla

Se empieza ya a hablar de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, unos presupuestos que a la fuerza deberán reducir el gasto corriente, en unos 25.000 millones de euros, ya que el gasto corriente actual, es superior al cinco por ciento del PIB, cuando lo recomendable es no superar el tres por ciento.

El déficit estructural, el compromiso de gasto corriente, es una amenaza para nuestras cuentas públicas y para mantener unos adecuados servicios básicos.

El gasto corriente, no genera apenas riqueza y acaba con la capacidad inversora que es la autentica generadora de empleo.

En España, habría que replantearse sin miedo, una gran reforma administrativa, encaminada a la disminución del gasto público.

Sin duda, hay muchos ámbitos donde intervenir: reforma administrativa del Estado, con un estudio de las necesidades reales de personal funcionario y la redistribución de tareas encomendadas a los servidores públicos, reducción del número de entidades locales, de organismos públicos, empresas públicas y cargos de libre designación e incluso aunque parezca una quimera del propio sistema autonómico.

España, con una redistribución del gasto público, se encontraría en la mejor de las situaciones para mantener una buena sanidad, educación y protección social.

Sin embargo, si no se recortan gastos improductivos a pesar de la subida fiscal que este Gobierno prepara, se acabará haciendo recortes en aspectos fundamentales sin criterio alguno, todo, por no acometer a tiempo la reforma administrativa y el gasto improductivo y descontrolado de este país.          

 

 

 

 

 

Quién lo iba a decir, en la época de la tecnología, de los grandes avances técnicos y científicos, resulta que tenemos un sociedad en la que hay grandes capas de la misma ignorante y manipulable, por su falta de madurez, hecho que se potencia desde el poder y desde los medios de comunicación.

El desconocimiento de la historia en general, es un gran síntoma de la ignorancia generalizada que no es incompatible con titulaciones Universitarias, que por cierto no garantizan nada.

Vemos como en Estados Unidos, miles de jóvenes se manifiestan en la defensa de los derechos de las personas de raza negra, cuestión propiciada por un terrible suceso causado por la policía y que acabo con la muerte de un inocente. Es lógica la reacción momentánea por parte de la sociedad, pero este terrible suceso ha sido aprovechado para manipular la historia y derribar estatuas de personas que precisamente sacrificaron su vida a defender a la población nativa como es el caso de Fray Junípero Serra.  

Fray Junípero Serra, representa precisamente todo lo contrario de lo que los ignorantes creen, fundó varias Misiones en lo que hoy es territorio de los Estados Unidos y parte de México.

Consiguió en sus Misiones, la propiedad y la gestión de las tierra por parte de los indígenas, es decir. propicio la igualdad y el trato humano y respetuoso con los pobladores originarios.

La beatificación por parte de Juna Pablo II en 1.988, es entre otras cosas un reconocimiento a esta extraordinaria labor, de preocupación por aquellas gentes.

Pero a parte de los méritos de Fray Junípero Serra, es importante señalar, que un historiador que se precie de cualquier época de la humanidad, siempre destacará la imposibilidad de juzgar con criterios, valores y conocimientos actuales, algo ocurrido hace cientos de años.

Esto ocurre como recoge el prestigioso historiador Stanley G. Payne, al juzgar la Guerra Civil española y la II República, cuanto más en hecho acontecidos hace varios siglos.

 

 

Lo mismo que en su momento se creo un departamento para atender a las víctimas del terrorismo, es fundamental e inexcusable crear un departamento u oficina de atención a las víctimas del Covid19.

Esta oficina o departamento, debiera de instalarse en las diferentes Delegaciones del Gobierno, con personal que atienda las demandas de los familiares de la víctimas, del personal médico, de enfermería y del personal auxiliar; así como de los afectados por la enfermedad y también se debe de atender las reclamaciones de daños y perjuicios por el cierre de negocios.

No se puede estar hablando del estado del bienestar y no atender ahora a tantas y tantas personas afectadas, debido a la pandemia y a los fallos en su gestión.

Estas oficinas, no debe servir, sin embargo, como pretexto para que los Tribunales de Justicia dejen de actuar e investiguen supuestas irresponsabilidades de Instituciones y representantes políticos, lo contrario sería cerrar en falso, la mayor tragedia de este país desde de la guerra civil e inhabilitará la actuación de la justicia en cientos de casos de poca importancia en los que actúa con todo el peso de la ley.  

El actual régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, no sólo es letal para su propio país sino que también es una especie de metástasis que quiere extender a otros países como se puede desprender de las informaciones que cada vez son más claras y cercan al régimen venezolano. El diario El Mundo ha recogido en sus páginas, que el ex embajador español en Venezuela durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, realizó supuestamente pagos a la mano derecha de Hugo Chávez, el vicepresidente José Vicente Rangel.

La transferencia, según la citada información se ejecutó desde las cuentas de Raúl Morodo y su familia en Suiza e Islas Vírgenes a René Alberto Reaza, coordinador general de la vicepresidencia de Venezuela en 2.004.

Por otro lado, el diario ABC recoge que en el verano del año 2.010 el Gobierno de Venezuela envió 3,5 millones de euros al Consulado de Venezuela en Milán para sufragar el partido de Beppe Grillo, la formación Cinco Estrellas.

También el pasado lunes 15 de junio el diario El País recogía un artículo del que fuera su director Juan Luis Cebrián, en el que señalaba que a su juicio, la llegada nocturna de Delcy Rodríguez al Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas no fue fortuita.    

En los próximo días y meses, pueden salir más informaciones que comprometan seriamente al régimen de Maduro ,a poco que los servicios de inteligencia norteamericanos, tengan acceso a las declaraciones de Alex Saab, detenido hace pocos días en Cavo Verde, durante un escala técnica de su viaje a Rusia e Irán.

Alex Saab, es considerado presuntamente como el testaferro de Nicolás Maduro.

 

En pleno estado de alarma y sin consenso alguno, el Gobierno ha llevado al Parlamento una nueva Ley de Educación, creo que es la séptima o la octava que tiene este país desde el inicio de la democracia, lo que demuestra que sin consensos básicos su duración será mientras este el actual Gobierno en el poder.

La señora Celaá, parece que no la gustan los consensos, ya demostró durante su estancia como Consejera de Educación del Gobierno Vasco su nefasta gestión y ahora quiere imponer una ley sectaria sin consenso básicos.

La nueva ley cerca la enseñanza de la Religión, al dejar de computar como nota media, elimina el artículo 102 de la LOMCE, que recogía que las plazas en los centros concertados variaran en función de la demanda de los padres, e incluye un representante Municipal en el Consejo escolar de los centros concertados, lo que no deja de ser un intento de control político.

Siendo grave todo ello, lo más grave es que viendo el fracaso de aprobar una ley tan importante para el futuro sin consenso previo, se vuelva a intentar imponer un proyecto que debiera de ser de todos.

Es un prueba más de la radicalidad de un Gobierno que con una minoría social, quiere imponer sus ideas sin contar con las de los demás. Todo muy antiguo.  

 

Los españoles, como otra ciudadanos de gran parte de las naciones del mundo, sufrimos en mayor o menor medida, el impacto de la pandemia del Covid 19.

Perdida de seres queridos, problemas laborales, incertidumbre, problemas médicos colaterales, tales como depresión y otros.

En España, sin embargo, tenemos otro problema más, como es la negación de la verdad y la falta de respeto a las víctimas por parte del Gobierno.

No se reconoce el número de fallecidos, según todos los datos más fiables unos 43.000, y ahora se lanza la campaña de que el Gobierno ha salvado la vida a nada menos que 450.000 personas.

Esto último es ya demasiado, es un insulto al sentido común, un insulto a la verdad y una manipulación meramente publicitaria.

No podemos salir de la crisis, si no se reconoce la verdad, si no se corrigen los fallos ocurridos a causa de la improvisación.

Es muy fuerte la “tomadura de pelo” que nos quieren hacen creer los expertos en comunicación de la Moncloa, en medio de tanto sufrimiento, no se puede insultar a la inteligencia ajena con campañas tan increíbles como irrespetuosas.

Definitivamente los expertos en marketing y comunicación de este Gobierno nos valoran muy poco como seres con inteligencia y voluntad.

 

Es muy curioso como se realizan concentraciones y manifestaciones, en defensa de los derechos humanos y libertades, en algunos países, cuestión lógica y muchas veces necesaria y sin embargo en otros países donde ni siquiera su población tiene capacidad para poder protestar, no se dice ni se hace nada.

China, es uno de las naciones del mundo que pisotea a diario los más fundamentales derechos humanos, sin embargo la llamada “progresía” mundial calla y no dice ni palabra.

Karm Gilespie, es un actor australiano, desaparecido en China en el año 2013, ahora se sabe que ha sido condenado a muerte por tráfico de drogas.

Gilespie, viajó a Guangzhou hace siete años y desde entonces sus amigos no han tenido noticias de él, hasta que hace pocos días algunos medios chinos publicaron su condena a la pena de muerte, por contrabando de drogas.

China, tiene campos de trabajo, China, no tiene garantías de libertades y derechos, China es en si una dictadura sanguinaria que bajo el paraguas de una aparente modernidad oprime derechos y libertades básicos.

Sin embargo en occidente, no habrá manifestaciones, porque en el fondo, los que están detrás de las mismas, les importan “un bledo” las libertades y derechos, sólo quieren desestabilizar, utilizando a personas bien intencionadas para sus fines revolucionarios.

 

 

Las declaraciones realizadas al diario La Razón por el Vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín son de extraordinaria gravedad, porque desvelan el presunto ocultamiento del número de víctimas por causa del Covid 19 por parte del Gobierno.

Según Juan Marín, el Gobierno de España, solicitó que se pusiera el menor número de personas fallecidas por el Covid 19 por cuestión estadística.

El vicepresidente andaluz, señaló que cuando se notifican el número de fallecidos, ”si una persona esta muriendo de cáncer, pero se ha contagiado de Covid 19 y ha muerto porque el Covid le ha producido asfixia, como voy a poner que ha muerto de cáncer”.

Al respecto ha dicho: “pues el Gobierno, nos pedía que pusiéramos el menor número de personas fallecidas por Covid 19 por cuestión estadística”.

Si esto fuera así, como ha declarado el señor Marín, cuestión que se debiera investigar, las responsabilidades éticas de este gobierno superarían los criterios más básicos en una sociedad respetuosa y sana, debiéndose de pedir ceses y dimisiones de responsables, a no ser, que lo que se quiera es vivir permanentemente en la mentira y en el engaño, todo no puede valer, por seguir unos meses más en el poder.

La detención en Cavo Verde, durante una escala técnica de su vuelo privado procedente o con destino a Rusia del empresario Alex Saab, llamado testaferro de Nicolás Maduro, puede ser un golpe sin precedentes para la dictadura chavista, por la importante información que puede dar para desbaratar el entramado económico y político del actual poder en Venezuela.

Según recogen diferentes medios, Alex Saab puede ser la persona clave en el contrabando de oro y de alimentos que proporciona comida subvencionada que ha podido suponer un gran negocio para diferentes personalidades del chavismo.

La lista acusaciones de la justicia de Estados Unidos es grande y la información que se derive de su declaración, una vez sea extraditado servirá para desbaratar la operativa revolucionaria en diferentes frentes, así como las relaciones que mantiene con Irán, Cuba y otras países.

Es fundamental, para la paz de Iberoamérica y para libertad del pueblo venezolano la caída de un régimen que proporciona dolor, que ha causado muchas víctimas y que ha propiciado que miles y miles de personas hayan tenido que abandonar su país.

 

 

Recoge el digital Vozpopuli, una información que abre interrogantes y desde luego es sorprendente, si realmente ha ocurrido como recoge este importante digital, que por lo de más suele estar muy bien informado.

Resulta, que al parecer los cinco funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid, modificaron ante la juez Carmen Rodríguez Medel, la versión que dieron ante la Guardia Civil y que rubricaron.

Este digital recoge, que la Magistrada facilitó a los funcionarios una copia de la declaración que prestaron ante la Policía Judicial y reconocieron haber leído y firmado el testimonio, pero no ratificaron posteriormente el contenido.

Los empleados públicos al parecer, aseguraron a la Juez que no llamaron a los organizadores de diferentes concentraciones o manifestaciones, para invitarles a desconvocar los eventos por temor al coronavirus. Todos, según recoge la información del digital han insistido que las llamadas nunca pretendieron animar a desconvocar las concentraciones.

Si esta diferencia, en el fondo de la declaración de los funcionarios, fuera cierta como parece, se abre otra duda, el motivo del cambio de opinión de lo manifestado inicialmente y lo declarado ante la juez instructora.

En esta parcela, se pueden abrir muchas hipótesis y conjeturas, desde luego un tanto extrañas.

Sin ser jurista, se puede uno preguntar, no se dijo la verdad primero, no se dijo la verdad después, o se recogieron mal sus declaraciones primeras.

El sentido común, dice que no pueden ser todas las cosas a la vez.

Algo falla.