Cada día la sensación de ser más evidente que el Gobierno de Sánchez, está dispuesto a casi todo con tal de que sus «trucos» y posibles ilegalidades no sean investigadas, lo que sería claramente un atentado al estado de derecho y una actuación más propia de una dictadura.
Por un lado, tenemos que el Tribunal Supremo, se ha tenido que poner serio y dar un plazo de cinco días a los departamentos de los Ministros Albares y Bolaños, para que identifiquen a los 163.000 llamados «nietos» de cara a las elecciones del próximo día 29 de noviembre.
En caso de no hacerlo se pueden tomar medidas penales, con el paso a la Sala de lo Penal además de multas coercitivas a las personas responsables.
Otro ejemplo, de que el Gobierno no parece estar por la colaboración con la justicia, es que el Magistrado Santiago Pedraz, ha dado 15 días al PSOE, para que facilite que abogados contrato como parte de las llamadas cloacas.
Estos dos ejemplos, debieran servir por si mismo en una sociedad bien informada y formada, para que los ciudadanos fueran conscientes de la gravedad del momento político que vivimos en nuestro país y darse cuenta de que nuestras libertades, estado de derecho y democracia están amenazadas, por parte de una serie de responsables políticos, que directa o indirectamente parecen estar dispuestos a defender sus propios intereses a costa de desbordar el sistema democrático.
La sensación que se transmite es que el actual Gobierno de España, es un Gobierno sitiado por su propia incompetencia y casos de corrupción y ahora parece capaz de «retorcer» leyes para salvar su continuidad, aunque la democracia quede dañada y entremos en una crisis institucional de consecuencias impredecibles.